Espacio de información de noticias y trabajos propios sobre urbanismo, transporte urbano masivo, gestión pública en materia municipal y desarrollo sostenible.
La
infraestructura y mayor capacidad que mostrará el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez en el futuro permitirá recibir más pasajeros y aerolíneas que
deseen volar hacía el Perú y mejorará la conectividad a cualquier región del
país.
Además, será una fuente de trabajo importante que dinamizará el sector aeroportuario y a las comunidades aledañas.
El
pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley de Desarrollo
Urbano Sostenible, que permitirá impulsar la generación de vivienda de interés
social para la población de escasos recursos, el desarrollo de ciudades
ordenadas y la adecuada gestión del suelo urbano.
La propuesta legislativa presentada por el Poder
Ejecutivo, elaborada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) y enriquecida por los parlamentarios, contó con 92 votos a favor y fue
exonerada de segunda votación con el respaldo de 90 congresistas.
Esta ley llena un vacío histórico importante en la
normativa peruana, que carecía de un instrumento de rango legal que integre y
ordene las disposiciones sobre desarrollo urbano y vivienda social. Esta
carencia dificultaba la acción del Gobierno nacional y de los gobiernos locales
en la promoción de vivienda de interés social, dotación de infraestructura y
servicios, y planificación y gestión urbana.
Cabe señalar que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible
incorporó aportes importantes del Legislativo que buscan mejorar la vivienda de
interés social y al ordenamiento de las ciudades.
Vivienda de interés social
prioritario
Para reducir el déficit habitacional, que afecta a cerca
de 500 mil familias sin vivienda y a cerca de 1 millón de familias en viviendas
que no reúnen las condiciones adecuadas, la ley crea la categoría de “vivienda
de interés social prioritario”, orientada a la población en situación de
pobreza y vulnerabilidad social y establece su prioridad para la generación de
programas y proyectos de vivienda por parte del Estado.
Además, esta normativa establece incentivos urbanísticos
para la generación de vivienda de interés social y vivienda de interés social
prioritario.
Otro aspecto importante es que se crea la figura de
Operador Público de Suelo, para atender la principal dificultad en la
construcción de vivienda de interés social ‒la generación de suelo urbano‒ a
través de la habilitación y gestión de terrenos de propiedad pública.
Planificación urbana
La ley también establece mecanismos para aumentar la
efectividad de la planificación urbana y territorial, mejorando la articulación
entre los diferentes niveles de gobierno, y estableciendo nuevas herramientas
para la gestión urbana.
Asimismo, dispone la articulación de los planes de
desarrollo urbano con el sistema de inversión pública a través de la
programación multianual de inversiones. Además, incluye nuevos instrumentos de
financiamiento para gobiernos locales, a fin de promover la ejecución de
proyectos de infraestructura urbana.
Ciudades sostenibles
La iniciativa aprobada permitirá modificar la dinámica de
crecimiento de las ciudades peruanas mediante la reducción de ocupaciones
informales. Esto disminuirá la exposición al peligro y la precariedad a los que
acaban expuestas las familias de menores ingresos que actualmente acceden a
vivienda mediante este tipo de ocupaciones o por el tráfico de terreno.
Amplia socialización
El proyecto de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible fue
elaborado por el MVCS después de un amplio proceso de socialización y de
recibir aportes por parte de colegios profesionales, gobiernos locales, centros
académicos, gremios empresariales, organizaciones sociales y colectivos
ciudadanos. Luego de ser aprobada en Consejo de Ministros, se remitió al
Congreso de la República.
Esta ley recoge también los aportes de los despachos de
los parlamentarios que integran la Comisión de Vivienda y Construcción del
Congreso, presidida por Juan Carlos Oyola; del Colegio de Arquitectos y gremios
privados. Asimismo, se han recibido aportes de las universidades y de
organizaciones de la sociedad civil.
Gobierno
aprueba nueva Política Nacional de Vivienda y Urbanismo
El
Gobierno de transición y emergencia aprobó la nueva Política Nacional de
Vivienda y Urbanismo (PNVU), elaborada por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), que permitirá el desarrollo de viviendas
sociales asequibles y la implementación integral de servicios e infraestructura
urbana, a través de una adecuada planificación urbana y gestión eficiente del
suelo a nivel nacional.
“Hoy es
un día histórico. Hemos dado grandes pasos para poder ayudar a las familias más
vulnerables a acceder a viviendas dignas y de calidad”, indicó la ministra de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, en conferencia de
prensa, acompañada de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez;
y de sus colegas de Salud, Óscar Ugarte, y de Comercio Exterior y Turismo,
Claudia Cornejo.
“La
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo crea el marco que articulará el
trabajo, a los tres niveles de gobierno para tomar las acciones que permitan
atender las familias que más lo necesita”, añadió Solangel Fernández.
La
ministra acotó que se trata de un día histórico porque hoy el pleno del
Congreso aprobó la Ley Desarrollo Urbano Sostenible, iniciativa elaborada desde
el MVCS de forma articulada con el Legislativo, que ayudará a las familias con
menos recursos a acceder a vivienda dignas y a mejorar la planificación del
crecimiento de las ciudades.
“Esta
ley permitirá generar el suelo que necesitamos para construir más vivienda de
interés social que requieren las familias más vulnerables”, indicó Solangel
Fernández.
Problemas
a atender
La PNVU
será la hoja de ruta que oriente y articule las acciones, esfuerzos y recursos
de los tres niveles del Gobierno en Vivienda y Urbanismo hacia el año 2030.
En la
actualidad, en el Perú, unas 567 000 familias no cuentan con una vivienda y, en
términos cualitativos, hay alrededor de 998 000 viviendas con inadecuadas
condiciones de habitabilidad. Además, cerca del 70% de las viviendas en el país
han sido construidas sin asistencia técnica. También es importante recordar que
más del 90% del crecimiento de las ciudades en las últimas dos décadas ha sido
producto de ocupaciones informales.
En tal
sentido, la nueva PNVU incluye diversas soluciones para el acceso a la vivienda
digna, de acuerdo con el estado de la vivienda, condiciones climáticas,
sociales y territoriales, priorizando a las familias de menores recursos, y
promoviendo intervenciones integrales y la construcción de barrios con acceso a
servicios, equipamientos y movilidad urbana sostenible, a través de la
participación ciudadana efectiva.
De otro
lado, la mencionada política permitirá la ocupación eficiente y sostenible del
suelo, y mejorar la efectividad de la planificación de las ciudades y centros
poblados.
Atención
a viviendas vulnerables
La
PNVU, aprobada esta mañana en Consejo de Ministros, contempla el mejoramiento
de la vivienda para las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, para
lo cual se crearán nuevos subsidios focalizados, como son los bonos de
acondicionamiento o reforzamiento.
Otras
estrategias de la PNVU consisten en brindar asistencia técnica a las familias
para promover la construcción asistida, a fin de corregir el problema de
autoconstrucción sin asistencia debida, y otorgar al MVCS mayores atribuciones
para elaborar planes de reasentamiento poblacional para las familias asentadas
en zonas de riesgo no mitigable.
Es importante mencionar que, durante su elaboración, la PNVU y el proyecto de Ley Desarrollo Urbano Sostenible pasaron por un proceso de socialización donde recibieron el aporte de diversos actores del sector público, privado, la academia, los gremios de construcción y de la sociedad civil en general.
Medida evitará que vehículos antiguos o abandonados en depósitos vuelvan a circular, reduciendo los accidentes de tránsito, la contaminación ambiental y brindará mayor eficacia en la fiscalización.
Con esta directiva la ATU podrá declarar en abandono vehículos (antiguos, abandonados, obsoletos y/o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios en las vías) que se encuentren en los depósitos a razón de un procedimiento administrativo sancionador y que además cuenten con una resolución de sanción firme por la comisión de una infracción grave o muy grave en materia de transporte, de esta manera podrán ser destinados a su destrucción total a través de un proceso de chatarreo.
La ATU recordó que una unidad de más de 15 años de antigüedad puede emitir hasta 100 veces más partículas y gases de combustión contaminantes que un vehículo moderno. Debido a ello es necesario retirar de manera gradual los vehículos de transporte público antiguo, obsoleto tecnológicamente y contaminante. De esta forma, se mejorará la calidad del aire que respiramos.
Cabe señalar que la ATU tiene como meta chatarrear durante el 2021 aproximadamente 400 vehículos internados en depósitos vehiculares y tiene como finalidad liberar dichos espacios permitiendo fortalecer las acciones de fiscalización contra vehículos informales. Asimismo, evitará que unidades con acumulación de infracciones graves o muy graves, antiguos, abandonados, obsoletos y/o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios vuelvan a circular.
Es importante señalar, que esta directiva es parte de las medidas que viene implementando la ATU, a efectos de conseguir que se preste un servicio de transporte digno, eficiente y seguro en beneficio de los 11 millones de limeños y chalacos.
Fuente: PRENSA ATU.
Sumaq Llaqta que en quechua significa "ciudad bonita", es un programa de la Municipalidad del Cusco, a través de su Gerencia de Desarrollo Urbano, por el cual se busca mejorar la imagen urbana de la ciudad del Cusco. La proliferación de viviendas informales, sin terminar y sin pintar, ha generado un panorama desolador en muchos barrios del Cusco, por lo cual, se busca incentivar que, las edificaciones sin concluir se concluyan y aquellas que ya están concluidas, se pinten, mejorando y homogenizando la imagen urbana de los barrios de la antigua capital incaica.
Sin dudas, un programa novedoso que se podría replicar en muchas ciudades del Perú que, con los años, han ido empeorando su imagen debido a la proliferación de viviendas informales y la falta total de políticas que obligue a las personas a concluir sus casas y pintar sus fachadas.
Bien por el Cusco.
En este muy interesante aplicativo de consulta elaborado por "Ojo Público", se puede apreciar como se divide Lima y Callao entre los sectores socioeconómicos a, b, c, d y e; pudiéndose apreciar la distribución de áreas verdes, quedando claro que son muy pocos los distritos que cuentan con más de 8 m2 de áreas de esparcimiento por habitante, poniendo en relevancia el tremendo problema en Lima que se tiene de faltas de áreas verdes y espacios de esparcimiento, sobre todo en los distritos más jóvenes.
Para ingresar el precitado aplicativo, puedes ingresar al siguiente enlace y consultar por distrito o ver el mapa geenral: https://ojo-publico.com/especiales/cartografia-de-la-desigualdad/
Lima, 09 de febrero de 2021.- Como parte de la estrategia cero emisiones de gases por combustión, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), prepublicó hoy el Proyecto de Estándar de Bus Patrón Eléctrico (BPE), cuyo principal objetivo es establecer las especificaciones técnicas mínimas que permitan promover la incorporación de vehículos de transporte público con tecnología de última generación y amigables con el medio ambiente.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 02-2021, emitida por la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo de la ATU, y publicada en el diario oficial El Peruano, el bus patrón eléctrico permitirá impulsar la renovación de la flota del transporte público con vehículos de longitudes de 9, 12, 18 y 27 metros de largo con una capacidad de entre 40 y 250 pasajeros.
“Entre las características principales del bus patrón eléctrico resaltan su accesibilidad universal, es amigable con el medio ambiente y eficiente en términos de costos de operación. Además, cuenta con una autonomía de recorrido de entre 200 y 300 kilómetros por día, dispone de un sistema de aire acondicionado con filtros anticovid, ventiladores y extractores de aire. También posee puertos USB para cargar celulares y un rack para el traslado de bicicletas en la parte frontal del vehículo”, detalló el Director de Integración y Recaudo de la ATU, Iván Villegas.
El funcionario
destacó que la ATU considera prioritaria la necesidad de promover la renovación
y modernización de la flota de los vehículos de transporte urbano con unidades
ambientalmente sostenibles y, por ello, tiene entre sus objetivos el uso de
tecnologías que permitan la eliminación de emisiones de gases contaminantes.
Desde hoy y por un plazo de 20 días calendarios, los fabricantes, operadores de transporte, las entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general podrán realizar sugerencias, aportes y comentarios sobre el mencionado proyecto. Para ello, se dispone de dos opciones: pueden ser emitidas a la sede principal de la ATU con atención a la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo (Av. Domingo Orué Nº 165, Surquillo) o vía correo electrónico a normas@atu.gob.pe.
Pueden revisar el proyecto ingresando aquí: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1662712/8_002-2021-ATU-DIR.pdf.pdf
El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el Estado y gobierno a nivel nacional, regional y local, conforme a sus competencias y autonomía propias, preservando la unidad e integridad del Estado y la nación.
Las Municipalidades ejercen jurisdicción con los siguientes alcances: 1. La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva Provincia y el Distrito del Cercado. 2. La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito. 3. La Municipalidad Delegada sobre el territorio que le corresponde según delimitación hecha por el respectivo Concejo Provincial.
Los conflictos de jurisdicción afectan la normal acción de las instituciones públicas y el respectivo cobro de los impuestos por las diversas municipalidades, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones. Un caso concreto de ello es lo que ocurría en la zona urbana de San Ignacio, colindante entre los distritos de San Juan de Miraflores y Surco (Lima Metropolitana), que por más de 40 años tuvieron problemas y como por ejemplo los distritos de Santiago de Surco con Magdalena; Lurín con Pachacamac; Ate con la Molina, Independencia con Comas, Independencia con San Martín de Porres y demás. (Pág. 38)
La demarcación territorial es la división Política del territorio en regiones, departamentos, provincias y distritos y tiene consecuencias en la vida social y política del país; tanto en la Constitución Política de 1979 como la de 1993 han establecido que sean normas con rango de ley aprobadas por el congreso las que establezcan tal configuración del territorio nacional”. Por tanto, es este el órgano que conforme a sus respectivas competencias para establecer la respectiva demarcación territorial. (Exp. N° 001-2001-CC/TC, Fundamento 3).
Creemos que se debe principalmente a que la mayoría de estos lugares fueron creados antes de que existiera una normativa que delimitara claramente un límite entre ellos, ya que la creación de la mayoría de los distritos se originó en la época colonial, con base en antecedentes geográficos, decisiones políticas arbitrarias, identidad sociocultural de la población o por características fisiográficas del paisaje como ríos, colinas, crestas de montañas, tipologías que eran fáciles de identificar desde ambo lados de la frontera distrital y que en la actualidad ya no se encuentran presentes. (Pág. 42)Así, vemos que, a nivel de Lima Metropolitana, existen conflictos generalmente empujados por el pago de tributos y la dación de servicios públicos, en tal sentido, podemos encontrar conflictos en distritos pequeños como entre San Isidro y Magdalena del Mar, o entre grandes distritos como por ejemplo Lurín y Pachacamac, o San Martín de Porres y los Olivos, etc. Esto genera graves perjuicios no solo a los gobiernos distritales, sino, sobre todo, a los ciudadanos, así lo señala López (2018):
En el Perú, existe un sinnúmero de situaciones que involucran conflictos territoriales que menoscaban los derechos de los ciudadanos, y originan la ineludible necesidad de que sean prontamente resueltos por las autoridades gubernamentales. Según el Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), los conflictos territoriales de Lurín-Pachacámac, San Martín de Porres-Independencia y San Isidro-Magdalena son los más complejos en Lima. Otros casos son los conflictos de límites Callao-Lima Metropolitana, Chorrillos-Surco, Chorrillos-Barranco, Chorrillos-Villa El Salvador, San Juan de Miraflores-Chorrillos, Ancón-Puente Piedra y Magdalena-San Miguel. También figuran los casos de Magdalena-Pueblo Libre, Punta Hermosa-Punta Negra, San Bartolo-Santa María del Mar, Pucusana-Santa María del Mar, Surquillo-San Borja, Surco-Barranco y Ate-Surco. En el interior del país existen problemas territoriales en Ayacucho. Asimismo, existe conflicto territorial entre Puno y Moquegua. (Pág. 134-135)
